La obtención de incentivos tributarios para la construcción sostenible en Colombia, según la resolución 196 de 2020 de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), más que una misión imposible, para muchos, es la gestión integral y organizada de un proceso en donde se debe explicar y trabajar, de manera conjunta, con los diferentes actores de la cadena de valor de la construcción.

En la actualidad, Colombia cuenta con diferentes tipos de beneficios económicos para la construcción sostenible, lo que ha permitido aumentar el interés de los constructores por desarrollar los proyectos de esta manera. Dentro de los beneficios se encuentran: descuentos en tasas para el crédito constructor, otorgado por algunas entidades financieras; descuentos en diferentes pólizas de seguros y los incentivos tributarios en IVA y RENTA para algunos equipos, elementos o maquinaria, que aportan a la eficiencia energética de los proyectos. Sin embargo, en agosto de 2018, fecha en la que empezó a regir la mencionada resolución 463, hablar de alcanzar esta clase de incentivos para los proyectos constructivos era algo difícil, toda vez que ninguno de los Asesores en Construcción Sostenible había incursionado en este ejercicio.

A la fecha, los pocos proyectos que han logrado estos beneficios tributarios en Colombia lo han obtenido por una muy buena gestión integral. Este desarrollo involucra diferentes actores de la cadena de valor de la construcción, dentro de los cuales se encuentran los contratistas (eléctricos, mecánicos, hidráulico, automatización, entre otros.), arquitectos, diseñadores, consultores, importadores e, inclusive, abogados tributaristas que brindan una seguridad jurídica al momento de tomar las decisiones importantes del proceso. De otra parte, cabe resaltar el papel que han desempeñado algunos actores clave, como Vidrio Andino: el trabajo en conjunto ha permitido entender y proyectar cómo se debe realizar la logística en todo lo concerniente a la ventanería.

Sin dudas, para tener buenos resultados, es de suma importancia la cercanía a las entidades que evalúan todo este proceso: UPME y ANLA, quienes aseguran la calidad de los resultados, otorgando el beneficio a quienes realmente ejecuten los proyectos de la manera correcta y acorde con la normatividad pertinente. Por ello, hay que conocer de antemano los tiempos que manejan, los canales de comunicación, las plataformas de recolección de información y, en general, todo aquello que permita facilitar la ejecución exitosa del proceso de incentivos.

Adicionalmente, este proceso no solo exige habilidades en cuanto a planeación, control y seguimiento durante la ejecución sino, también, una buena comunicación con todos los stakeholders del proyecto, puesto que debe desarrollarse en tiempos específicos para aumentar la posibilidad de obtener la mayor cantidad de beneficios económicos.

En estos momentos en el país hay una gran oportunidad para revolucionar el sector de la construcción y hacer cada día proyectos más sostenibles, que generen beneficios tanto para la sociedad como para el ambiente y, por supuesto, para los desarrolladores de proyectos, teniendo en cuenta que existen diferentes posibilidades económicas que pueden ser materializadas siempre y cuando se desarrollen con tiempo, rompiendo paradigmas, con una buena asesoría (sostenible y jurídica) y con un trabajo mancomunado con todos los actores de la cadena de valor de la construcción.